JUSTICIA
YA Y LA REFORMA JUDICIAL
El Poder Ejecutivo envió al
Senado de la Nación un proyecto de modificación de parte la estructura de la judicial
federal. No se trata de una “Reforma” judicial porque ello debió necesariamente
incluir la totalidad del fuero federal y nacional y de las normas procesales y
de fondo.
El proyecto es además
inoportuno. Los argentinos no estamos en condiciones de debatir estos temas. La
pandemia, la falta de trabajo, la pobreza, el aislamiento, el agravamiento de
la inseguridad, son los temas prioritarios.
Los abogados, mediadores
natos entre los justiciables y la administración de justicia, no hemos sido
llamados ni consultados en la redacción del proyecto. No convocaron a las
entidades representativas formales e informales: colegios de abogados,
universidades y ONG.
La reforma unifica los
fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico de la
Capital Federal, bajo la denominación Fuero Penal Federal con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, crea juzgados y tribunales orales en un numero
desmedido para la cantidad de causas, prevé la aplicación de un sistema de
subrogancias que carece de sustento legal, aumenta el número de fiscales y defensores que
resulta exiguo en relación a los juzgados y tribunales. Todo ello es la más
clara demostración de la improvisación del proyecto.
Las razones políticas esgrimidas en relación a
la concentración de poder de los jueces federales, no se resolverá creando más
estructura judicial, sino respetando y haciendo cumplir la ley, a través de un
acuerdo de la clase política y un compromiso con la ciudadanía. Los mismos que han
manejado a su antojo la selección, designación y enjuiciamiento de jueces a
través del Consejo de la Magistratura y del Senado, son los que nos quieren
hacer creer que esta vez los guía la razón y la aspiración de transparencia.
Los sellos cambian pero los políticos son los mismos.
La transferencia de
competencias penales a la Ciudad, es sin duda un avance. Pero la deuda con la
Constitución incluye también los fueros del trabajo, civil y comercial, que por
razones económicas y políticas los gobiernos se han negado a transferir. En
definitiva se trata de sacarse de encima un fuero que molesta porque está
vinculado a la inseguridad, uno de los reclamos más fuertes de la ciudadanía.
La creación de juzgados
federales en el interior del país, es tal vez el único punto que resulta útil
en estos tiempos y, como reconoce el mensaje del Poder Ejecutivo, es la
transcripción casi exacta del trabajo realizado en la Cámara de Senadores,
sobre numerosos pedidos de las provincias. Ese proyecto fue objeto de dictamen
y caducó por la falta de tratamiento dentro de los plazos legislativos. La
buena obra se oscurece frente a la verdadera razón de su inclusión en la
llamada reforma: moneda de cambio de votos de los legisladores del interior en
el quorum y en la aprobación. Como prueba, se crean cinco Cámaras de
Apelaciones en el interior y se agregan salas en otras, más de 600 funcionarios,
jueces, secretarios, fiscales y defensores, se incorporarán como un gasto
monumental, en tiempos de pandemia y pobreza.
La Comisión de “notables”,
por decreto, que tocará temas tan sensibles como la integración de la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, revela la intención del gobierno de reformar en su
beneficio. Los llamados a integrarla representan en su mayoría intereses
particulares y no al universo de
magistrados, abogados, juristas y ciudadanos notables, que le hubieran dado el
marco adecuado de compromiso con la ciudadanía y las instituciones
republicanas. Negar la participación es darle la razón a quienes sostienen que
el objetivo es el de la impunidad de los corruptos y el sometimiento de la
justicia al Poder Ejecutivo.
Es una verdadera
contradicción que el Poder Ejecutivo sostenga
“El descrédito y la falta de confianza en
la justicia por parte de la ciudadanía exige a los gobernantes asumir el
desafío de encarar un proceso de reforma de la justicia, en particular de la
Justicia Federal, para restituir esa confianza “, y unas semanas después se
desobedezca una orden judicial, tal como sucedió con la jueza María Alejandra
Biotti y el caso de los pliego de dos camaristas.
Finalmente, las “Reglas de actuación” de los jueces,
incorporadas en el texto, dan cuenta de la verdadera esencia de la ley que se
propone: consagrar la impunidad de los funcionarios públicos. ¿Cuál es el
camino elegido?: el bozal legal. Ninguna crítica puede ser realizada a la labor
judicial, debiendo los jueces comunicar
en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento
de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o
mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o
grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para
su resguardo.
No han podido evitar las
denuncias públicas a través de los medios de comunicación, es el caso de las
investigaciones periodísticas. Obligan a los jueces a denunciar estos hechos
como “Intentos de influenciar”, y los amenazan con la destitución. Muchos
abogados son llamados a los medios de comunicación como expertos calificados
para opinar sobre temas judiciales, a ellos (a nosotros), nos va a alcanzar el
bozal. Queda en blanco en qué consistirán las medidas de resguardo. Extienden
la influencia al “clamor popular”: un grupo de personas exigiendo justicia por
sus parientes muertos en un accidente de trenes podría poner en marcha el
mecanismo.
Por eso desde JUSTICIA YA!
Llamamos a la reflexión al señor Presidente de la República y a las señoras y
señores legisladores nacionales, para que dejen de lado sus intereses privados,
y tengan un gesto de grandeza, llamando a los verdaderos hacedores de justicia
(jueces, abogados, y ciudadanos) a trabajar con ellos en una adecuada reforma
de la justicia argentina. Exigimos la eliminación de cualquier intento de
censurar opiniones y de afectación de la libertad de prensa.
(web.www.justiciaya.com.ar).
Dr.
Marcelo Meis - Dr. Adrian Tenca - Dra. Isabel Alvarez Natale - Dra. Nanina
Paulesu - Dr. José Luis Ferrari - Dr. Gustavo Delia - Dra. Claudia Baudonnet -
Dra. Claudia Gómez Chiappetta - Dr. Sergio Damico - Dra. Karina Sardo - Dr.
Jorge Alfonso- Dra María Gabriela Moreno - Dra Adriana Ruffa - Dr Rolando
Aragon - Dr Ricardo Caparelli - Dr Jorge Stella - Dr Luis Maffei - Dr Alejandro
Baños - Dr Gustavo Otero - Dr Fernando Piluso – Dr. Moreno Walter - Dr Marino
Alejandro Cid Aparicio - Dr Oscar Romano - Dr. Nicolas Rocco - Dr. Hugo Nicola
Patrón - Dr Agustin Colatarci- Dr Ricardo Verger - Dra Maria Nuvea-